TÍTULO II LJCA - Las partes

CAPÍTULO I Capacidad procesal

Capacidad procesal en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo

Apartado 1

Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, además de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Apartado 2

Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley así lo declare expresamente.

CAPÍTULO II Legitimación

Legitimación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo

Apartado 1

Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

• a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
• b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
• c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de:
  • la Administración de las Comunidades Autónomas
  • los Organismos públicos vinculados a estas
  • las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local
  • cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización
• d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de:
  • la Administración del Estado
  • cualquier otra Administración u Organismo público
  • las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local
• e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de:
  • las Administraciones del Estado
  • las Comunidades Autónomas
  • los Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras
  • otras Entidades locales
• f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.
• g) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.
• h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.
• i) Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, además de las personas afectadas y siempre con su autorización, estarán también legitimados:
  • la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación
  • los partidos políticos
  • los sindicatos
  • las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos
  • las organizaciones de personas consumidoras y usuarias
  • las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos

  Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación corresponderá a:

  • la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación
  • los partidos políticos
  • los sindicatos
  • las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos
  • las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de ámbito estatal
• j) Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, estarán legitimados:
  • los partidos políticos
  • las organizaciones sindicales
  • las organizaciones empresariales
  • las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas
  • las asociaciones de personas consumidoras y usuarias
  • las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI
• k) Los sindicatos estarán también legitimados para actuar, en nombre e interés del personal funcionario y estatutario afiliado a ellos que así lo autorice, en defensa de sus derechos individuales, recayendo sobre dichos afiliados los efectos de aquella actuación.

Apartado 2

La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley.

Apartado 3

El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local.

Apartado 4

Las Administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad.

Apartado 5

Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el artículo 40.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.

Limitaciones para interponer recurso contencioso-administrativo

Apartado 1

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública:

• a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
• b) Los particulares cuando obren:
  • por delegación
  • o como meros agentes o mandatarios de ella
• c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas a:
  • el Estado
  • las Comunidades Autónomas
  • las Entidades locales
  respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.

Parte demandada en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo

Apartado 1

Se considera parte demandada:

• a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
• b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
• c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.

Apartado 2

A efectos de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado anterior, cuando se trate de Organismos o Corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una Administración territorial, se entiende por Administración demandada:

• a) El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio.
• b) La Administración que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición.

Apartado 3

En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo:

• Las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso,
• o las que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.

Apartado 4

Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida.

Transmisión de la legitimación en el proceso

Apartado 1

Si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.

CAPÍTULO III Representación y defensa de las partes

Representación y defensa ante los órganos jurisdiccionales

Apartado 1

En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.

Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.

Apartado 2

En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.

Apartado 3

Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

En este caso, estarán obligados al empleo de los sistemas electrónicos existentes, tanto para la:

• remisión de escritos, iniciadores o no, y demás documentos,
• como para la recepción de notificaciones, de forma tal que esté garantizada su autenticidad y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.

Apartado 4

En todo caso, la representación prevista en este artículo podrá conferirse electrónicamente a través de los medios establecidos para ello.

Representación y defensa de las Administraciones públicas y órganos constitucionales

Apartado 1

La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en:

• La Ley Orgánica del Poder Judicial
• La Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas
• Las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas